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Noticias Argentinas difundió que el Gobierno amplió la emisión de títulos públicos por un valor efectivo total de $221.119,5 millones para avanzar con la cancelación de deudas pendientes con contratistas de obras públicas vinculadas con proyectos de infraestructura y transporte.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 59/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa dispone la ampliación de tres instrumentos del Tesoro Nacional que serán utilizados para cancelar las obligaciones alcanzadas por el programa.
La medida se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, al que las empresas interesadas tuvieron plazo para adherirse hasta mediados de agosto.
El esquema busca cancelar acreencias correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios acumuladas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También comprende determinadas obligaciones derivadas de contratos extinguidos a partir de 2024.
Según establece la resolución, los recursos se canalizarán mediante la afectación de créditos destinados a atender deudas correspondientes a la Secretaría de Transporte y a la Secretaría de Obras Públicas.
La cancelación se instrumentará mediante la entrega de una canasta compuesta por tres títulos públicos capitalizables en pesos, calculados a su valor técnico correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de entrega.
El 33% de la canasta estará integrado por una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, cuya emisión podrá ampliarse hasta un valor nominal original de $60.000 millones. Otro 33% corresponderá a un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, con un límite de hasta $51.000 millones de valor nominal original.
El 34% restante se cancelará mediante un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, cuya ampliación podrá alcanzar un valor nominal original de hasta $60.000 millones.
La normativa también autoriza a los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, de la Dirección de Administración de la Deuda Pública y de las áreas técnicas correspondientes a suscribir la documentación necesaria para instrumentar las operaciones previstas.
De esta manera, el Ejecutivo avanzará con la cancelación de obligaciones acumuladas con empresas contratistas mediante la entrega de títulos del Tesoro, dentro del régimen establecido para regularizar deudas vinculadas con contratos de obra pública.